Cuando a la ciudadanía se le pregunta su opinión acerca de la asamblea de diputados sus respuestas son siempre palabras de desprecio, decepción o queja. La regla general es el sentir que ese órgano del Estado no cumple ninguna misión. De hecho, ya empiezan a escucharse voces peligrosas para la democracia que manifiestan que su existencia o inexistencia no hace diferencia alguna al país. Pero, ¿cómo no estar de acuerdo con quienes consideran que los padres de la Patria no hacen su labor correctamente y de paso piensen que estos poseen beneficios y prebendas más allá que los de la mayoría de la población? Consideren que nadie debe tener prebendas, ni beneficios.

Por ello creo oportuno aclarar cuáles son las funciones de esta institución, cuánto nos cuesta a cada uno de los panameños y qué recibimos a cambio.

Las funciones de la Asamblea Nacional de Panamá están expresamente establecidas en nuestra Constitución. Ellas se dividen en tres: funciones legislativas, funciones judiciales y funciones administrativas. Cada una de las mismas se subdividen con detalle en la Carta Magna. Sus funciones son crear leyes, ratificar a ciertos funcionarios públicos designados por el Órgano Ejecutivo, supervisar al Ejecutivo, enjuiciar de ser necesario al Presidente de la República o a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrar al Contralor General de la República, entre otras tantas. La misma norma superior le prohíbe a la Asamblea expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución. En otras palabras, no pueden expedir leyes o reglamentos donde se establezca que los diputados son encargados de hacer calles, potabilizadoras, canchas deportivas, repartir comida, camisetas, bonos navideños, pintar escuelas o donar al circuito ambulancias. Eso es función de otro órgano del Estado.

Sobre esta base constitucional repasemos cómo la Asamblea cumple con sus deberes constitucionales. Primeramente es la responsable de hacer leyes y por ello durante el 2016 aprobaron y se sancionaron 52 leyes (2014/99; 2015/53), de las cuales el 65% fueron propuestas por el Órgano Ejecutivo, no por los diputados; es decir, no por quienes tienen como deber principal crear leyes en beneficio del país sino por quien debe administrar el país. Entonces es fácil colegir que los roles se han invertido, no porque el Ejecutivo no pueda proponer leyes, eso le está permitido, sino porque el Órgano Ejecutivo está para gobernar, administrar la cosa pública, hacer cumplir las leyes, ejecutar obras, etc., y el Órgano Legislativo está para hacer leyes y supervisar que el Órgano Ejecutivo cumpla su labor en beneficio de la población del país. Pero, ¿cómo van a supervisar a alguien de quien dependen, al ser el Ejecutivo quien controla el presupuesto de la Asamblea?

La asistencia a la Asamblea, tema que se encuentra de moda, resulta vergonzosa. De los 71 diputados que conforman la cámara, el único diputado que posee el Partido Popular, así como la única diputada independiente tienen el 100% de asistencia. El partido gobernante tiene una asistencia de tan solo 67% y el mayor partido de oposición del país tan solo el 54%. Por ende, es fácil concluir que con un porcentaje tan alto de inasistencia resulta casi imposible realizar una labor prolija para quienes los escogemos.

Veámoslo desde otro punto de vista. Imagínese que usted es un empresario y contrata a su personal, pero este únicamente asiste a laborar el 67% del tiempo y usted le paga como si trabajara 100%, jamás su empresa rendirá los frutos esperados y hasta lo más seguro es que quiebre. O pongámoslo de otra manera: que usted es un empleado, pero solamente trabaja el 67% y hasta menos del tiempo que su empleador le ha establecido, y con todo y eso cobra como si laborara 100%. Eso sí resulta sabroso, ¿verdad?

Pues es eso exactamente lo que está sucediendo; por ello, ante el ausentismo, inacción y apatía de la asamblea de diputados y por la avaricia por recibir prebendas y regalías del Órgano Ejecutivo el país empieza a preguntarse de forma peligrosa para qué los necesitamos, si trabajan poco y nos cuestan mucho dinero.

Y, ¿cuánto nos cuestan? Un honorable diputado gana siete mil dólares mensuales. En adición, tiene derecho a designar empleados para su servicio (secretaria, chofer, etc.) hasta por la suma de cuatro mil quinientos dólares. Es decir, solo en planilla de diputados y sus colaboradores más cercanos (pues la Asamblea tiene otros empleados) el fisco con nuestros impuestos paga ochocientos dieciséis mil quinientos dólares al mes estén en sesiones o receso. Si dividimos ese monto por las doscientas setenta y seis horas que según ellos sesionaron entre julio y diciembre de 2016 la asamblea nos costó diecisiete mil setecientos cincuenta dólares por hora.

Como si con ello no fuera suficiente, no pagan correo ni teléfono dentro del territorio nacional. Pueden importar libre de impuestos dos vehículos durante su periodo, ya sea para el uso personal o de sus familiares. Si el diputado suplente actúa ante la Asamblea, así sea por un día, tiene derecho a introducir al país un vehículo libre de impuestos. En adición, sus carros podrán tener placas oficiales. Finalmente, se les da pasaporte diplomático para cualquier viaje que se tengan que hacer. Y hablando de viajes, durante el 2016 la Asamblea Nacional de Panamá gastó en viajes y viáticos la módica suma de seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos veinticinco dólares. Todo esto es bastante para una institución que no produce dinero.

La realidad es que en parte ha sido la población la culpable de esta trágica situación, pues somos nosotros quienes escogemos a aquellas personas que han de ocupar una curul -que por lo general ni están capacitados y hasta son confesos de delitos- con la esperanza no que mejore el país y supervise al Presidente de la República y a sus ministros, sino para ver qué nombramiento me hace, qué regalo me da, o cómo le saco la reparación de la cancha de fútbol que usa la barriada los domingos por la tarde.

Mientras no exijamos un cambio o nombremos a personas capacitadas, existirán dos clases de panameños, aquellos que deben trabajar duro un 100% para recibir su salario, comprar su auto con impuestos incluidos y batallar contra el costo de la vida y aquellos que gozan de muchas prebendas. Mientras tanto, no tenemos por qué quejarnos.